MEDIOS PÚBLICOS: DEFENSORÍAS DEL PUEBLO (4)
Un medio público debe convertirse en una defensoría del pueblo al aire libre.
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como siempre dicen. Esto vale para todos los poderes, desde el económico hasta el religioso. La que antes vendía papas en el mercado ahora mira sobre el hombro a la provinciana que le limpia la casa. El capitán grita al sargento y el sargento escupe al recluta. El toro no se acuerda de cuando era ternero ni el obispo de cuando era monaguillo. Y así, mientras más se sube en la escalera del poder, más se pudren los pasos.
Por eso, un medio público, además de ágora y contraloría, tiene que asumir una tercera y difícil misión: la de convertirse en una defensoría del pueblo al aire libre. Un espacio donde la gente llama y reclama, donde denuncia la corrupción y la burocracia, donde tramita la solución de los mil problemas de la vida cotidiana.
¿A dónde apelará un ciudadano si en un hospital público no le prestan la debida atención? ¿En dónde protestará si los servidores públicos están coludidos con los infractores privados? ¿En qué espacio denunciará si la justicia no le hace justicia? Los medios de comunicación se han convertido hoy en espacios privilegiados de negociación y resolución de conflictos. La radio y la televisión y la prensa son medios y son mediaciones, como explica Martín Barbero. Y estos medios, si son públicos, se vuelven especialmente idóneos, por su independencia de controles políticos y comerciales, para esta defensa de los Derechos Humanos.
De eso trata el periodismo que hemos llamado de intermediación y que podríamos también nombrar periodismo ciudadano.
La intermediación se suele definir como una negociación asistida. En este sentido, requiere de un elemento neutral para ayudar a que las partes involucradas en un conflicto alcancen un arreglo por consenso.
No es exactamente éste el sentido de lo que planteamos, porque nosotros no somos neutrales. Cerramos filas con la ciudadanía, nos alineamos claramente a favor de los sectores más vulnerables, de las mayorías nacionales, de la gente pobre y excluida. No somos jueces, desde luego, no nos corresponde dictar sentencia. Tampoco somos abogados. No nos pagan por las denuncias que tramitamos ni jamás defenderíamos una causa injusta por haber sido contratados para ello.
Somos comunicadores y comunicadoras. Como tales, facilitamos los micrófonos (o las cámaras o el papel) para que el reclamo de la ciudadanía llegue a donde debe llegar. Hacemos oír la voz de la gente ante las instancias responsables cuando éstas se han mostrado irresponsables. Y si la gente no puede hablar directamente, prestamos nuestra voz para que las autoridades escuchen, para hacer valer la denuncia y encontrar una solución justa. Somos pontífices, en el sentido exacto de la palabra, relacionamos las dos orillas. Y también cruzamos el puente, junto al pueblo que avanza.
Llega una denuncia a la radio. Puede ser una visita, o por teléfono, por carta o a través de la unidad móvil. Puede ser una persona o un grupo. Puede relacionarse con la corrupción, con la burocracia, con la discriminación, con las mil y una formas de atentar contra los Derechos Humanos.
Le damos curso. Los conductores del programa tienen que averiguar bien de qué se trata. Y tomar las precauciones necesarias para que no les metan gato por liebre ni chisme por denuncia.
Ya ha salido al aire el caso denunciado. Ahora vamos a tirar el puente con quienes pueden resolverlo. ¿A quién recurrir? A la autoridad competente. E insistiremos ante dicha autoridad, o ante la superior, hasta que se resuelva el problema. Porque no es cuestión de hacer una llamadita y escuchar la consabida respuesta de “vamos a nombrar una comisión”. Muchas comisiones se nombran para ganar tiempo y que todo siga igual. Hay que dar seguimiento a las denuncias ciudadanas y llevarlas adelante hasta que se encuentre una solución satisfactoria para los afectados.
Supongamos un barrio que se quedó sin agua. O una escuela donde el profesor acosa a las alumnas. O una fábrica que no tiene inscritos a sus trabajadores en la seguridad social. Todas esas violaciones a los Derechos Humanos y a las garantías constitucionales pueden y deben denunciarse en los medios públicos. Y pueden y deben procurar resolverse a través de un sano periodismo de intermediación social.
¿En qué formato podemos canalizar esta clase de periodismo? Puede ser una sección dentro del informativo matinal. O dedicar un espacio completo de una hora o más a este ejercicio de empoderamiento ciudadano. Algunas emisoras salpican su programación, según las denuncias que reciben o los contactos con autoridades que establecen, con boletines de intermediación. Otras, amplían los datos con investigación periodística y llaman a ruedas de prensa donde dan a conocer, convocando a otros medios, la denuncia verificada y ampliada.
Para echar a andar por este camino, plagado de riesgos por los intereses que se tocan, se necesita que el Consejo de Administración de la radio o de la televisora, o del medio de comunicación, tenga bien establecida una política que le permita avanzar sin las injerencias típicas de los ministerios de comunicación o del poder ejecutivo. Los medios públicos sólo deberían rendir cuentas al poder legislativo.
Tres características de un medio público: convertirse en ágoras democráticas, en contralorías ciudadanas y en defensorías del pueblo. Estas características son válidas también para los medios comunitarios que tienen una finalidad social similar a la de los medios públicos.
Una radio, una televisora que asuma estos tres desafíos no tiene que temer a la competencia de los medios comerciales. Un medio público o comunitario que abra sus micrófonos a la diversidad de voces, que haga foros ciudadanos, debates pluralistas, que pida rendiciones de cuentas de las autoridades, que se comprometa con el periodismo de intermediación, se ubicará en los primeros lugares de audiencia. Ténganlo por seguro.