INSEGURIDADES DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y LOCALES

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Tres formas frecuentes de cortar la lengua a los medios comunitarios. Un artículo de José Ignacio López Vigil.

El gran filósofo René Descartes estableció como indiscutible su principio filosófico “pienso luego existo”. Yo pienso, por tanto, yo soy.

Se equivocó Descartes. No es el pensamiento lo que demuestra la existencia. Es la palabra. Hablo, por tanto, existo. El pensamiento es hijo de la palabra, no al revés. Es el lenguaje el que nos permite pensar y tener conciencia de nuestro ser. Somos cuando decimos que somos.

Y se volvió a equivocar Descartes cuando filosofaba en singular. No es primero el yo, sino el nosotros. Porque la palabra es un regalo de la comunidad. Somos porque hablamos. Y hablamos porque somos.

Es la palabra la que nos hizo evolucionar como mujeres y como hombres a lo largo de milenios. Y es la palabra pública la que nos construye ahora como ciudadanas y ciudadanos. La comunicación es el primer derecho humano. Si te quitan la palabra, te quitan la humanidad.

Eso pretendieron los invasores de nuestras tierras. Entre las muchas torturas que aplicaban a los rebeldes, estaba la crueldad de cortar la lengua. A Tupaj Amaru, antes de descuartizarlo entre cuatro caballos, el visitador español José de Areche ordenó que le cortaron la lengua. También a Micaela, su indómita compañera. Lo mismo hicieron con Tupac Katari y Gregoria Apaza y con tanto insurrectos. No querían que se escuchara su último grito de libertad. Esto ocurrió en 1781. Y ocurre siempre que el pueblo oprimido levanta su voz de protesta.

Somos pueblos de lenguas cortadas. Nos mandaron a callar durante cinco siglos. Nos quisieron condenar al silencio. Nos quisieron deshumanizar. Pero no obedecimos. Resistimos.

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Me corresponde hablar sobre la inseguridad de los medios comunitarios y locales.

Cuando hablamos de inseguridad de los periodistas pensamos en los 110 periodistas asesinados el pasado año. En los 787 asesinados desde el 2005. Asesinados y desaparecidos por investigar, por informar. Pero yo quiero referirme a quienes ni siquiera pueden hablar porque se les niega la palabra. Se les niega la frecuencia de radio o televisión para tener una voz y una imagen pública. Son las comunicadoras y los comunicadores comunitarios.

Menciono tres formas frecuentes de cortarnos la lengua. Tres formas que ocurren en nuestros países de América Latina y el Caribe no este año ni el anterior, sino desde hace décadas.

*1- POR EJERCER EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN*

La primera forma es negarnos el permiso para operar una radio, un medio comunitario.
Resulta que una organización social, un barrio, un sindicato, una universidad, un movimiento de jóvenes o de mujeres, quieren ejercer ese derecho universal que es la comunicación. El derecho expresado en el artículo 19 de la Declaración Universal. Y en el artículo 13 del Pacto de San José.

Es un derecho, no una “concesión” del Estado ni un “negocio” del Mercado. Un derecho que incluye el acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico. Porque el espectro no pertenece a los estados ni mucho menos a las empresas. Es un patrimonio común de la Humanidad. Mejor dicho, un patrimonio de todos los seres vivos que habitan el planeta, que también se comunican y hablan. Precisamente por esto, la comunicación no puede definirse como un servicio público ni como una mercancía privada.

Volvamos al ejemplo. Esa comunidad, esa organización, se decide a gestionar una radio comunitaria. Llena su solicitud, presenta su carpeta en el órgano correspondiente de telecomunicaciones. Cumple con la ley. Y se sienta a esperar. Y se desespera esperando, porque no le responden. Pasan semanas, meses, y no le responden. En Brasil hay más de 10 mil carpetas en el Ministerio de Comunicaciones esperando respuesta.

La comunidad insiste y solo obtiene silencio. O pretextos. Que el espectro está saturado, le dicen. ¿Saturado o monopolizado? Que falta el informe técnico. ¿O falta voluntad política? ¿Qué hace, entonces, la comunidad? Sale al aire. Como los equipos de FM son sencillos de fabricar o baratos de comprar, sale al aire sin permiso. Y a través de su radio comunitaria le devuelve la palabra robada, secuestrada durante tanto tiempo, a la población en la que vive, al barrio, a la organización.

El gobierno y algunos empresarios privados se indignan. No tienen autorización. Están fuera de la ley. Es una radio pirata, gritan. En Perú, Fujimori compró goniómetros japoneses para detectar a los infractores de la ley. Los legisladores pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para los “cabecillas”, así les llamaban, de estas radios.

¿Piratas por qué? Pirata es quien se apropia de un tesoro ajeno. El espectro radioeléctrico es un tesoro, sí, pero colectivo. Por serlo, no puede quedar en un cofre cerrado con llave sólo para unos cuantos. Piratas y corsarios son los gobernantes que reparten frecuencias entre sus amigos políticos y los funcionarios que las licitan y adjudican al mejor postor. Piratas son quienes roban a la sociedad civil su derecho irrenunciable a tener voz pública y propia.

Dicen que son radios ilegales. ¿De dónde sacaron eso? Ilegal es quien se pone al margen de la ley. O contra la ley. Pero resulta que en las Cartas Magnas de nuestros países se reconoce la libertad de expresión y el derecho de todo ciudadano y ciudadana a difundir sus ideas, sin limitación de fronteras, a través de cualquier medio de comunicación. Ésa es la primera ley. Más bien, los ilegales, los inconstitucionales, son aquellos que no conceden frecuencias a las comunidades y organizaciones cuando éstas las solicitan.1

¿Y qué hacen los gobiernos? Mandan a la policía, a veces al ejército, para decomisar los equipos de quienes han salido al aire sin permiso. Patean las puertas, incautan los transmisores y, sin mayores escrúpulos, llevan presos a los radialistas comunitarios.

El testimonio del director de Yuriria Stéreo, en Guanajuato, México, no requiere comentarios:

El pasado 10 de julio 2013, como a las 9 de la mañana, varios elementos del Ministerio Público Federal abrieron la puerta de mi casa donde tenía instalada la radiodifusora. Me comenzaron a golpear hasta que perdí la conciencia y después me subieron a una camioneta blindada junto con dos compañeros más. Después, llegaron al operativo más de 200 elementos con un carro tanqueta, cuatro autobuses y varias camionetas blindadas y todos armados con armas largas y todo porque nosotros hablamos de los poderes como el Presidente Municipal, diputados local y federal y gobernador. Porque sacamos al aire la malversación de fondos, hurto de dinero del erario público y otras cosas más como el nepotismo, siendo que tienen 24 familiares dentro del Municipio y eso es el motivo de tanto maltrato, robo y acoso del gobierno hacia nuestra radio Yuriria Estéreo. Pero la gente nos apoya. La comunidad ya pagó la multa para poder salir bajo fianza, lo cual le agradezco a mi pueblo y a ustedes, Radialistas, por escucharme. Mi nombre es Felipe Ramírez Serrano.

Recientemente, el 31 de mayo 2015, Radio Voz de Mujer, una emisora comunitaria del Movimiento de Mujeres Oyanka, en Jalapa, Nicaragua, fue clausurada por funcionarios de TELCOR quienes ingresaron sin autorización y robaron los equipos —transmisor, consola, computadora y archivos— con la excusa de que no estaban transmitiendo en el canal de FM que les fue asignado. Que estaban ilegales. La verdad es que la radio cuestionaba las leyes patriarcales impuestas por el gobierno de Ortega-Murillo.

Hace muy poco, el 4 de septiembre 2015, la TV Negra que transmitía en Buenos Aires, fue allanada:

Un operativo de más de 40 efectivos de la Policía Federal entró hoy, junto con integrantes de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC), en el canal comunitario Antena Negra TV (RNMA) para cumplir con la orden de secuestro de equipos emanada del Poder Judicial de la Nación.

¿La causa? Que su señal estaba interfiriendo a otras empresas de comunicación. Les acusan de no participar en los concursos para regularizar su situación. Lo cierto es que nunca se abrieron para la categoría requerida por el canal.2 Es decir, el organismo estatal, que según la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual debe garantizar la reserva del 33% para los medios sin fines de lucro, no otorga al canal la posibilidad de tener una licencia pero luego se la exige ante un conflicto con el sector privado. Ahora, con el nuevo presidente Macri, habrá más persecución y decomiso de equipos.

Vivo en el Ecuador. Con frecuencia me preguntan: ¿hay libertad de expresión en Ecuador? Y respondo no. No, porque aunque la Ley de Comunicación reserva el 34% de todas las frecuencias de radio y de televisión para el sector comunitario, hasta la fecha en que escribo no se ha autorizado una sola frecuencia a este sector. Pero el sector público y el sector privado comercial siguen concentrando centenares de frecuencias.3 Y esto pasa en Ecuador. Y en México, el país con la peor ley, mejor dicho, la anti-ley de comunicación ordenada por Televisa. Y pasa en la Argentina de Clarín. Y en el Brasil de la Rede Globo. Y en Cuba, sin un solo medio de comunicación en manos de la sociedad civil. Pasa y sigue pasando en la mayoría, la inmensa mayoría, de los países de América Latina y el Caribe.

Este es el mayor atentado a la libertad de expresión y la mayor inseguridad de nuestros comunicadoras y comunicadores. Que los imperios de antes y las democracias de ahora nos siguen cortando la lengua.

*2- POR MANTENER LA LÍNEA EDITORIAL*

La segunda inseguridad que padecen los medios comunitarios y locales se relaciona con la fidelidad a su línea editorial.

¿Medios de izquierda, medios de derecha? En este siglo 21, esas categorías, válidas el siglo pasado, ya no sirven de mucho. ¿Qué es izquierda y qué es derecha en nuestra Patria Grande? Gobiernos de derecha y los llamados progresistas tienen la misma política económica: extractivismo. La perversa minería a cielo abierto, los monocultivos con transgénicos para alimentar autos, el rentismo petrolero… ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?

Los medios comunitarios y locales con sensibilidad social se agrupan hoy en torno a una bandera común, la defensa de la Madre Tierra, la lucha contra el cambio climático, la oposición decidida a las empresas chinas, canadieneses, gringas, y también nacionales, que están devastando la Amazonía y prostituyendo a nuestras comunidades.

Estas radios, por defender la vida y el territorio de los pueblos ancestrales, son tildadas de “ecologistas infantiles” y reciben amenazas tanto de las multinaciones como de los gobiernos vendidos a esas multinacionales.

El departamento de Cabañas, en El Salvador, está situado sobre la ruta del llamado Cinturón de Oro de Centroamérica. La canadiense Pacific RIM, con artimañas y sin licencia social, obtuvo la autorización del gobierno para comenzar la explotación minera en San Isidro. Las comunidades comprendieron rápidamente el desastre ambiental que causaría esta empresa. Y se opusieron. Entonces, la Pacific RIM se dedicó a sobornar a las autoridades locales. También visitaron Radio Victoria, una emisora comunitaria de la zona, llevada adelante por un valiente grupo de jóvenes. Les ofrecieron mucho dinero para pautar spots sobre el desarrollo que traería la empresa. Spots sobre “minería verde”. La radio no aceptó y comenzó a pasar testimonios antimineros de Perú, de Panamá, de Honduras.

La empresa se decidió por medidas más violentas. A partir del 2009, comenzaron los asesinatos. Desapareció Marcelo Rivera, dirigente de la resistencia, y días después su cadáver fue encontrado en un pozo, a donde lo arrojaron después de torturarlo. Otros crímenes se fueron sucediendo. Como la emisora los denunciaba, la empresa arremetió contra la emisora. Llamadas anónimas, cartas bajo la puerta:

* Cállense, porque les va a pasar lo que a Marcelo.
* Los próximos son ustedes.
* Les vamos a quemar la radio.

Amenazas y más amenzas. Pero ahí siguen los jóvenes de Radio Victoria. Con miedo, pero resistiendo.

Podría contar muchas situaciones semejantes. Visiten Radio Marañón, en el departamento de Cajamarca, Perú. Su director, Francisco Muguiro, acusado de terrorista por oponerse a las empresas mineras. Visiten Radio Progreso, en el norte de Honduras. La radio fue intervenida por los militares cuando el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya. Por su su defensa de los Derechos Humanos y como una advertencia a todo el personal, fue asesinado en abril 2014 Carlos Mejía Orellana, responsable de mercadeo y ventas de la emisora.

En Ecuador, las radios de las nacionalidades indígenas reciben presiones del gobierno de Rafael Correa cuando cuestionan la expasión de la frontera petrolera, cuando defienden sus territorios frente a las voraces empresas mineras. La Voz de la NAE en la provincia de Morona-Santiago, fue intervenida por la policía nacional hace pocos días. Marlon Vargas primer director de la emisora, declaró:

Nunca antes habíamos vivido estos atropellos y estos intentos de dividirnos. Las bases de la nacionalidad Achuar están viniendo a defender su sede, su radio, su organización. La fuerza pública no debe intervenir en la organización indígena.

Sábado tras sábado, los medios públicos transmiten el Enlace Ciudadano, donde el presidente Correa habla varias horas sobre lo que ocurre en el país. Esta “sabatina” es de transmisión voluntaria para los otros medios. Sin embargo, los teléfonos suenan:

* ¿Por qué ustedes no pasan la sabatina? —pregunta el funcionario de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM.
* Es que tenemos otros compromisos a esa misma hora… —responde el director de una radio comunitaria.
* Recuerde que las frecuencias son del Estado —intimidan por la línea telefónica.

Esa es nuestra segunda inseguridad, ser fieles a los principios, a la ética, defender a la Pacha Mama. Defender el derecho a una comunicación libre.

*3- POR LA INJUSTIFICADA EXIGENCIA DE TÍTULOS*

Menciono brevemente una tercera inseguridad que padecemos los comunicadores y comunicadoras de los medios comunitarios: la exigencia de títulos para informar y opinar.

Ya tenemos normativa internacional al respecto:

Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión.4

Pero en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador se exige ser profesional para ejercer cualquier actividad periodística de carácter permanente en cualquier nivel o cargo de un medio de comunicación.5 Por “profesional” no entienden la calidad del trabajo realizado, sino el título colgado en la pared de la oficina. Según este artículo, un corresponsal campesino no podría enviar noticias a su radio porque no ha pasado por la universidad. En algunos países de América Latina y el Caribe pasa otro tanto.

Normas como ésta, forzada por el lobby de algunos gremios académicos, atentan contra la libertad de expresión y arruinan el futuro de los medios comunitarios y locales. La titulación obligatoria deja fuera a cientos de comunicadores y comunicadoras desconociendo la experiencia acumulada que representa méritos equivalentes al título.

También dejarían fuera a García Márquez y a Vargas Llosa, que hicieron periodismo sin diploma. Y a Eduardo Galeano, la pluma más brillante que hemos tenido en nuestra región. Y a Bernstein y Woodward, periodistas del Washington Post, que no tenían título cuando descubrieron el escándalo de Watergate.

Ya estamos escuchando las voces de protesta. ¿Por qué?, dirán algunos. ¿No necesitan los médicos un título para poder ejercer la medicina y los arquitectos para ejercer la arquitectura? Pues es lo mismo, los periodistas necesitan un título para ejercer su profesión.

No es lo mismo. Porque no existe un “derecho universal” a curar gente ni a levantar casas. Pero sí existe el derecho universal a la libre expresión de ideas y opiniones.

* —¡Si así es la cosa, mejor cerremos las facultades de comunicación! —dirá un profe preocupado por su cátedra.

Al contrario, abramos más facultades de comunicación, más escuelas de periodismo. Porque necesitamos que quienes estén detrás de los micrófonos o delante de las cámaras, o en las salas de redacción de los periódicos y revistas, se capaciten cada día más. Ojalá que todos quienes sienten la vocación de comunicadores y comunicadoras sociales pudieran ir a la universidad y formarse lo mejor posible. Pero no por lo que consiguieron ellos van a negarle al resto de la población el derecho a la palabra y a la imagen pública.

Quien pueda ir a la universidad, tendrá más oportunidades laborales por su mejor preparación y seguramente realizará un mejor trabajo comunicativo. Que se alegre por ello.

Todavía algún egoísta dirá: ¿Y para qué estudié yo si todo el mundo puede ser periodista?

La respuesta es fácil y generosa: estudiaste para mejorar tus capacidades y competencias, para distinguirte por tus conocimientos y, sobre todo, para servir mejor a tu pueblo. ¿Te parece poco?

Cuestionando el título obligatorio no estamos defendiendo, ni por asomo, la precarización del salario entre los colegas. Para eso hay leyes laborales que deben ser cumplidas en todas las empresas públicas, privadas o comunitarias.

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Tres inseguridades a que nos someten los gobiernos autoritarios y los empresarios con hambre monopólica para hacernos callar.

Pero nuestros pueblos, nuestras comunidades, resisten. Y salen al aire con permiso o sin permiso. Y defienden a la Madre Tierra con amenazas o sin amenazas. Y ejercen el periodismo con títulos o sin títulos. Y así ponen en práctica la consigna que el Papa Francisco entregó a los jóvenes: ¡Hagan lío!

Eso hacemos, y eso seguiremos haciendo, hasta que los congresos de nuestros países modernicen las leyes de comunicación, discriminadoras y obsoletas. Hasta que las frecuencias de radio y televisión se redistribuyan y se ponga en práctica esa indispensable reserva de un tercio del espectro radioeléctrico para el sector comunitario. Hasta recuperar nuestra voz, nuestras lenguas cortadas.

_José Ignacio López Vigil_
_5 febrero 2016_

Imagen: Radio Cuyum, Mendoza, Argentina, tomada de http://radioxradio.org/

INSEGURIDADES DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS Y LOCALES

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