CATALUNYA TIERRA DE LIBERTAD Y PAZ
Comunicado de la comunidad catalana en Nicaragua sobre la crisis institucional en Catalunya y el Estado español.
Catalunya nace y se consolida a lo largo de la edad media, como tantos otros países de la península: Castilla, León, Portugal, Navarra, Galicia, entre otros.
Catalunya ha sido siempre, por su situación geográfica, un país de paso de pueblos y civilizaciones, de intercambios comerciales, de mezclas de etnias y culturas. Tal vez este hecho ha marcado, desde sus inicios, unas características muy peculiares en la sociedad catalana: equilibrios políticos, consensos y poder de los monarcas muy limitado por unas instituciones muy representativas para su época: cortes y ayuntamientos elegidos, síndicos, estructuras federales. Hay que recordar que las cortes catalanas son el parlamento participativo más antiguo de Europa después del de Islandia y anterior al de Inglaterra.
Catalunya estuvo desde el siglo XII federada con Aragón y Valencia y desde el siglo XV con Castilla y León, hasta 1714. En este año y tras una guerra entre dos pretendientes a las coronas hispánicas, el vencedor, el francés Felipe V, suprimió en el Decreto de Nueva Planta todas las instituciones catalanas, parte de su legislación y prohibió el uso oficial del idioma catalán, imponiendo las leyes de Castilla, menos democráticas y más de acuerdo con el carácter absolutista del reino de Francia de donde procedía el rey.
A partir de aquel momento y durante 250 años Catalunya vivió sucesivas rebeldías de todo tipo contra el poder central de Madrid, sufriendo múltiples invasiones y siendo Barcelona bombardeada a menudo.
En el siglo XIX, junto con la recuperación literaria del catalán y la revolución industrial que cobró mucho impulso en Catalunya, aparecen nuevas corrientes ideológicas: republicanas, federalistas, socialistas, anarquistas.
Es interesante comprobar que la tradición democrática y federalista está muy arraigada en el pueblo catalán. La gran mezcla de inmigrantes que han ido incorporándose y enriqueciendo continuamente con sus culturas a Catalunya, ha integrado siempre este espíritu “republicano” y participativo, tan característico de nuestra sociedad, frente al poder central y absolutista.
Un intento de articular Catalunya con el resto del estado a través de un primer Estatuto de Autonomía durante la segunda república, entre 1931 y 1939, acabó con la guerra civil y la durísima dictadura de 40 años del general Franco.
A la muerte del general y con la recuperación de una democracia muy condicionada por el ejército y las fuerzas franquistas, se creó el estado de las autonomías, con el que Catalunya recuperó en 1979 algunas competencias políticas con un parlamento y un gobierno autónomo, sujeto siempre al gobierno central.
Después de 26 años de este estatuto, en 2005 el gobierno autonómico catalán presidido por Pasqual Maragall propuso una reforma del mismo para adaptarlo a la nueva época, con el apoyo del presidente del gobierno español José Luis Rodríguez, que pronunció la frase: “Respetaremos lo que se acuerde en el Parlamento catalán”. El Parlamento aprobó la reforma del estatuto con 120 votos a favor por 15 en contra (Partido Popular). A continuación, el Congreso y Senado españoles lo debatieron y aprobaron, después de modificar y anular decenas de artículos. Aun con la desilusión por los recortes de Madrid, este estatuto mutilado fue aprobado por el pueblo catalán en un referéndum organizado por el estado español, de forma clara, 74% a favor por 21% en contra. Cuatro años después, en el 2010, después de una campaña de firmas contra el estatuto impulsada por el Partido Popular, siete magistrados del Tribunal Constitucional anularon 14 artículos y modificaron 27 más, pasando por encima de la voluntad popular reflejada en el referéndum. Hay que aclarar que este estatuto no era ni independentista ni tan siquiera federalista.
Este momento representó un punto de inflexión para la ciudadanía catalana, que vio frustrada la posibilidad de algún tipo de evolución, dentro del régimen de 1978. El independentismo, que entonces estaba en un 20%, fue elevándose hasta el 65% en 2016, a medida que se producían nuevas restricciones y se impugnaban más de 20 leyes aprobadas en el Parlamento catalán (impuestos a las grandes fortunas, ley sobre pobreza energética, ley antifracking, ley de horarios comerciales, prohibición de las corridas de toros, entre otras), al mismo tiempo que el gobierno central disminuía sus inversiones en Catalunya, creando un fuerte desbalance entre lo aportado por Catalunya al conjunto del estado y lo recibido, llegando a los 10.000 millones de euros anuales y no precisamente para apoyar a las comunidades más necesitadas del Estado español.
Intentos continuados de negociar con el gobierno central temas como el del financiamiento se encontraron con un NO permanente. Se popularizó la reflexión de que el gobierno del Partido Popular era el mayor fabricante de independentistas.
En 2009 el Ayuntamiento de Arenys de Munt realizó la primera de una serie de consultas municipales sobre la independencia. Actualmente 784 Ayuntamientos, de los 948 existentes en Catalunya, integran la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
En 2014 el gobierno catalán, junto con la sociedad civil, realizaron una consulta no vinculante sobre la independencia. Con muchos impedimentos para su organización, hubo un 38% de participación, con un 81% de votos a favor de la independencia, 5% en contra y un 10% a favor de fórmulas intermedias. En las elecciones posteriores de 2015 los partidos independentistas obtuvieron 72 diputados, mayoría absoluta (con un 57,8% de votos), los unionistas 36 diputados (con un 26,5 de votos) y un sector intermedio 27 diputados (con un 21,8% de votos). En el programa de los partidos vencedores estaba la preparación de un proceso constituyente hacia la independencia, previo un referéndum, que nunca fue autorizado por el gobierno central.
Este referéndum, sin la autorización del gobierno central y pese a todos los intentos de impedirlo por la fuerza, se pudo realizar el 1 de octubre pasado, con los resultados conocidos. Participación 43% con un 13% de votos impedidos por la policía española. De los 2.286.217 votantes, un 90,18% votó Sí a la independencia y un 7,83% No. (Hay que mencionar que en los referéndums celebrados en Catalunya para los estatutos “legales” de 1979 y 2006 la participación fue de 59,7% y de 48,55% respectivamente).
Una cuestión muy importante, poco señalada en general por las superficiales informaciones de los medios masivos, es la notable diferencia que existe actualmente entre la sociedad catalana y la de la mayor parte del resto del estado español; a niveles sociales, económicos, financieros, religiosos, militares, de distribución de la tierra y de la riqueza, etc. Estas diferencias se ven claramente reflejadas a nivel partidario. El PP primer partido en el Congreso español, es el sexto en el Parlamento catalán; el PSOE, segundo en el Congreso español, es el cuarto en Catalunya. Los dos primeros partidos en Catalunya son catalanes sin implantación en el resto del estado.
Estas claras diferencias son el reflejo de una sociedad catalana con unas sólidas clases medias, una importante capacidad de integración de inmigrantes, un extraordinario nivel asociativo y una mentalidad muy republicana y laica, que es la que ha iniciado y dirigido el actual proceso independentista, no los políticos tradicionales, la mayoría de ellos no independentistas, muchos de los cuales se han visto arrastrados por esta marea de ciudadanía organizada. No por casualidad, los primeros presos políticos catalanes no han sido autoridades ni cargos electos, sino líderes de importantes asociaciones civiles, la Assemblea Catalana y el Òmnium Cultural.
El actual proceso catalán se enmarca dentro de los procesos populares de liberación nacional, como tantos otros en el mundo, frente a los nacionalismos opresores e imperialistas que todos conocemos.
Todos estos procesos, desde la independencia de las colonias americanas, Portugal, Flandes, hasta las 24 independencias europeas de los siglos XX y XXI, han sido producto de unas realidades históricas que han pasado por encima de leyes, que más tarde han sido cambiadas, como ha pasado con tantos otros avances de la humanidad: democracia (el poder emanado del pueblo), abolición de la esclavitud y de la pena de muerte, conquista del voto femenino, libertades laborales y de asociación…
Otra característica del proceso catalán es que se ha encauzado por la vía pacífica, como se ha demostrado en 7 años de manifestaciones de millones de personas, sin un solo incidente y con un total respeto a cualquier opción e ideología democrática, y a los resultados de las urnas. Un hecho a señalar es que, no por casualidad, todas las derechas del mundo se han alineado con el gobierno central español del Partido Popular, que tan sólo alega legalidades frente a la realidad existente negándose al diálogo y a la intermediación.
Los pueblos son los que escriben la historia y los que hacen y deshacen leyes. Las leyes no son unos principios sagrados que estén por encima de la voluntad popular. En definitiva, el derecho a decidir está por encima de la ley, como declaró el Tribunal Internacional de La Haya el 22 de julio de 2010.
Para terminar, hay que desdramatizar el tema de un posible estado soberano catalán (o estado federado) que afectaría a la administración y competencias actuales con un nuevo estado y distintas reglas de juego, pero no a la profunda relación que siempre ha habido entre la población de las distintas naciones del estado español, relaciones de amistad, solidaridad y luchas conjuntas que, por mucho que lo intenten ciertos poderes disgregantes y confrontativos, son tan fuertes que no se romperán nunca. En definitiva, los catalanes y las catalanas no pretenden hacer una Catalunya grande, sino una Catalunya justa, acogedora, inclusiva y solidaria con todos los pueblos de la tierra, empezando por los del estado español.
_Managua, 20 de octubre de 2017_
*Comunidad catalana de Nicaragua*